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Relator de la ONU advierte falta de justicia ambiental tras 11 años del ecocidio en el río Sonora

La Jornada

A más de 11 años del derrame de tóxicos de la minería en el río Sonora, las comunidades afectadas “siguen esperando justicia ambiental”, advirtió ayer el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, quien señaló que persisten carencias en atención médica, infraestructura abandonada y falta de especialistas, mientras la población enfrenta enfermedades graves sin adecuado servicio a la salud.

A más de once años del derrame de sustancias tóxicas provenientes de la actividad minera en el río Sonora, ocurrido en 2014, las comunidades afectadas continúan sin ver cumplidas sus demandas de justicia ambiental. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó recientemente sobre esta situación, subrayando que las promesas de reparación y atención siguen siendo insuficientes.

Orellana destacó que persisten graves carencias en la atención médica para los habitantes de la región, quienes enfrentan enfermedades graves sin acceso a servicios de salud adecuados. Además, señaló problemas como infraestructura abandonada y una falta de especialistas que puedan abordar las consecuencias sanitarias y ambientales del desastre, lo que agrava la vulnerabilidad de la población.

El ecocidio de 2014, considerado uno de los mayores desastres ambientales en México relacionados con la minería, liberó millones de litros de residuos tóxicos en el río Sonora, afectando a múltiples comunidades y ecosistemas. A pesar del tiempo transcurrido, las medidas de remediación y compensación han sido criticadas por su lentitud e ineficacia, dejando un legado de contaminación y problemas de salud pública.

La declaración del relator de la ONU pone en evidencia los desafíos persistentes en la aplicación de justicia ambiental en casos de desastres industriales, donde las víctimas a menudo luchan por obtener reparaciones integrales. Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de responsabilidad corporativa y la respuesta gubernamental para prevenir y mitigar futuros incidentes similares en México y a nivel internacional.

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