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Ministra propondrá validar facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

La Jornada

La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá mañana al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que valida la facultad otorgada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para incluir a personas en la lista de bloqueados y congelar sus cuentas sin orden judicial previa por motivos de origen nacional, como financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, siempre que se cumpla con el procedimiento de audiencia previsto.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, presentará mañana ante el pleno del máximo tribunal un proyecto que busca validar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas e incluir personas en listas de bloqueo sin necesidad de una orden judicial previa. Esta propuesta se enmarca en casos específicos relacionados con delitos de origen nacional, como el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, siempre que se respete el procedimiento de audiencia establecido.

La iniciativa surge en un contexto donde las autoridades financieras buscan herramientas más ágiles para combatir actividades ilícitas, argumentando que la burocracia judicial puede retrasar acciones críticas. Sin embargo, este enfoque plantea un debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, pilares del sistema legal mexicano.

Si se aprueba, el proyecto podría fortalecer las capacidades operativas de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, al permitirle actuar con mayor celeridad en investigaciones financieras. No obstante, expertos en derecho han señalado la necesidad de salvaguardias claras para evitar abusos, enfatizando que la ausencia de control judicial previo debe compensarse con mecanismos de supervisión y transparencia posteriores.

La discusión en la SCJN refleja tensiones más amplias en la política de seguridad y justicia de México, donde medidas similares han sido implementadas en otros países, a menudo generando controversias sobre su impacto en las libertades civiles. El resultado de esta propuesta podría sentar un precedente significativo para futuras reformas legales en materia de inteligencia financiera y procedimientos penales en el país.

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