Diputado Mario Calzada defiende legalidad de su concesión de agua en Querétaro

El diputado federal y empresario Mario Calzada Mercado, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha salido al paso de las críticas y afirmaciones que lo señalan como presunto infractor en el uso de recursos hídricos. En un comunicado público, Calzada declaró enfáticamente: 'No somos delincuentes', buscando deslindarse de cualquier imputación de irregularidad en la gestión del agua bajo su concesión.

El legislador detalló que la concesión que posee no está limitada exclusivamente a usos agrícolas, pecuarios y ganaderos, como se ha insinuado en algunos círculos. Por el contrario, explicó que el permiso también ampara actividades industriales y de servicios, lo que, según su interpretación, le otorga el marco legal para distribuir y vender agua mediante pipas, así como para abastecer su complejo recreativo en Querétaro.

Dicho complejo, descrito como un club de actividades ecuestres, deportivas y de tenis, ha sido centro de la polémica, ya que algunos sectores cuestionan si el suministro de agua para este tipo de instalaciones lúdicas y privadas se ajusta a los fines originales de una concesión hídrica. Calzada insiste en que todas sus operaciones están dentro de la ley, argumentando que la diversificación de usos está explícitamente permitida en su título concesional.

El caso pone de relieve las tensiones recurrentes en México en torno a la gestión del agua, un recurso cada vez más escaso y sujeto a disputas entre diferentes actores: agricultores, industriales, desarrolladores urbanos y la población en general. Las concesiones de agua, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a menudo son objeto de controversia por su transparencia, alcance y posible desvío de uso, especialmente en regiones con estrés hídrico como Querétaro.

La declaración de Calzada se enmarca en un contexto más amplio de escrutinio público hacia figuras políticas y empresariales acusadas de aprovechar privilegios en el acceso al agua. Sin aportar fechas específicas de los señalamientos ni cifras concretas sobre el volumen de agua involucrado, el diputado se limita a defender la legalidad de sus acciones, dejando abierto el debate sobre la adecuada supervisión y regulación de los recursos hídricos en el país.