Plan B de reforma electoral avanza en el Senado con apoyo de Morena y aliados, oposición mantiene rechazo
El extraño oleaje de aparentes reacomodos entre aliados permitió ayer que el llamado plan B brincara la aduana de las comisiones senatoriales con pocas novedades: los opositores de siempre se mantuvieron tal cual (destacó la dureza del panista Ricardo Anaya, quien se esmeró en señalar deficiencias técnicas y políticas de la iniciativa presidencial), Morena y el Verde consiguieron sin problema la mayoría relativa y el Partido del Trabajo (PT)sostuvo la especulación sobre sus desacuerdos y objetivos, al ausentarse a la hora del voto.
El llamado plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador superó ayer su primer filtro legislativo en el Senado de la República, tras ser aprobado en comisiones con el respaldo de la mayoría relativa de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El avance se produjo en un contexto de aparentes reacomodos entre los aliados del gobierno, marcado por la ausencia del Partido del Trabajo (PT) en la votación, lo que mantuvo la especulación sobre sus desacuerdos internos con la iniciativa.
La oposición parlamentaria mantuvo su postura crítica durante el proceso. Destacó la intervención del panista Ricardo Anaya, quien señaló con dureza lo que calificó como deficiencias técnicas y políticas en la propuesta presidencial. Su argumentación reflejó el rechazo unánime de los partidos opositores, que se mantuvieron firmes en su posición contraria al proyecto.
El avance del plan B en el Senado ocurre en medio de un intenso debate nacional sobre la reforma electoral, que busca modificar aspectos clave del Instituto Nacional Electoral (INE) y del sistema electoral mexicano. La iniciativa ha generado polarización política, con el gobierno argumentando que busca reducir costos y corrupción, mientras la oposición y organismos civiles advierten sobre riesgos para la autonomía y equidad en los procesos electorales.
La ausencia del PT en la votación senatorial añade un elemento de incertidumbre al proceso legislativo, aunque no impidió el avance de la iniciativa. Este hecho sugiere posibles tensiones dentro de la coalición gobernante, en un momento donde el gobierno requiere cohesión parlamentaria para impulsar sus reformas prioritarias en la recta final del sexenio.