La Corte avala la explotación exclusiva del litio por parte del Estado mexicano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma de 2022 a la Ley Minera, que establece al litio como patrimonio de la nación y reserva su exploración y explotación exclusivamente al Estado. Esta decisión, emitida ayer, consolida el marco legal que otorga al gobierno mexicano el control total sobre este recurso estratégico, considerado clave para la transición energética global debido a su uso en baterías para vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos.

Además, la Corte concluyó que la reforma no requiere consulta previa a pueblos indígenas y afroamexicanos, argumentando que se trata de una norma general sin impacto directo en sus territorios o derechos específicos. Este aspecto ha generado debate, ya que algunos grupos y expertos señalan que la extracción de litio podría afectar a comunidades locales en regiones con yacimientos, como Sonora, donde se encuentra uno de los mayores depósitos del país.

La validación judicial refuerza la política del gobierno federal, que busca nacionalizar recursos estratégicos para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia de inversiones extranjeras. Sin embargo, plantea desafíos en términos de capacidad técnica y financiera del Estado para explotar el litio de manera eficiente, así como posibles tensiones en el sector minero privado, que ahora queda excluido de esta actividad.

En el contexto internacional, México se suma a países como Bolivia y Chile, que también han implementado políticas de control estatal sobre el litio, aunque con modelos diferentes. La decisión de la SCJN podría influir en futuras inversiones y acuerdos comerciales, especialmente en un mercado global donde la demanda de litio crece rápidamente, impulsada por la expansión de las energías renovables y la electromovilidad.