María Elena Álvarez-Buylla asiste a sesión de la SCJN sobre ley de ciencia que impulsó
María Elena Álvarez-Buylla, ex directora del Conacyt, asistió ayer a la sesión de la SCJN y se sentó en la primera fila de invitados –algo poco común para una ex servidora pública– para presenciar el debate sobre la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023, norma que ella impulsó y que generó polémica por rediseñar la política de México en la materia.
María Elena Álvarez-Buylla, ex directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), asistió ayer a una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presenciar el debate sobre la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023. Esta norma, que ella impulsó durante su gestión, ha generado controversia por su objetivo de rediseñar la política científica y tecnológica de México.
Durante la sesión, Álvarez-Buylla se ubicó en la primera fila de invitados, una posición poco común para una ex servidora pública, lo que destacó su interés personal en el proceso judicial. Su presencia subraya la relevancia del caso, ya que la ley en cuestión busca transformar la estructura y prioridades del sector científico nacional, un tema que ha dividido opiniones entre académicos, investigadores y autoridades.
La discusión en la SCJN se centra en posibles inconstitucionalidades de la ley de 2023, que incluye cambios significativos en la gobernanza y financiamiento de la ciencia mexicana. El debate judicial podría tener implicaciones profundas para el futuro de la investigación y la innovación en el país, dependiendo de la resolución final de los ministros.
La asistencia de Álvarez-Buylla refleja el alto perfil político y técnico de esta legislación, que ha sido tanto elogiada por su enfoque en la soberanía científica como criticada por supuestas limitaciones a la autonomía universitaria y la evaluación por pares. El desenlace del caso en la Corte marcará un precedente clave para la implementación de políticas públicas en ciencia y tecnología en México.