FGR propone reforma para sancionar feminicidios con penas de hasta 70 años de prisión
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en Casos de Feminicidio con penas hasta de 70 años de prisión y 21 agravantes. Con esta reforma de carácter constitucional “de inicio cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, subrayó a su vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, ha presentado una iniciativa legislativa denominada Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en Casos de Feminicidio. Esta propuesta busca establecer penas de prisión de hasta 70 años para los responsables de este delito, además de incluir 21 agravantes específicos que podrían incrementar las condenas. La reforma, de carácter constitucional, representa un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico en la lucha contra la violencia de género en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la iniciativa, subrayando que, de aprobarse, "de inicio cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio". Esta declaración enfatiza el objetivo de priorizar y tipificar de manera sistemática estos casos, abordando críticas previas sobre la falta de protocolos claros en las investigaciones. El enfoque busca no solo sancionar con mayor severidad, sino también prevenir y reparar el daño a las víctimas y sus familias.
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en el país, donde los feminicidios han sido señalados como un problema estructural. Al establecer penas más largas y agravantes detallados, la iniciativa pretende disuadir estos crímenes y mejorar la respuesta institucional. Sin embargo, su éxito dependerá de la aprobación legislativa y de la implementación efectiva en los sistemas judicial y de procuración de justicia.
Si se aprueba, esta ley podría marcar un precedente significativo en la política criminal de México, alineándose con estándares internacionales en materia de derechos humanos y género. Su impacto potencial incluye no solo aspectos punitivos, sino también la promoción de una cultura de prevención y la garantía de acceso a la justicia para las mujeres, aunque desafíos como la capacitación de autoridades y la asignación de recursos seguirán siendo cruciales para su efectividad.