El acuerdo nuclear entre EE.UU. y Arabia Saudita: un paso controvertido hacia la proliferación

Estados Unidos y Arabia Saudita han firmado un acuerdo de cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear, que establece la base legal para la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo del programa nuclear saudí. El documento, conocido como Acuerdo 123, fue suscrito por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman. También se firmó un acuerdo bilateral de salvaguardias que garantiza que las tecnologías y materiales transferidos se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos. Sin embargo, el acuerdo no está en pleno vigor y debe someterse a un proceso de revisión del Congreso de EE.UU., que tiene aproximadamente 90 días para deliberar y posiblemente bloquearlo.

Las negociaciones sobre las disposiciones principales concluyeron en el otoño de 2025. El 18 de noviembre de 2025, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció oficialmente la firma de una declaración conjunta que formaliza la finalización de las negociaciones sobre cooperación nuclear civil. En ese momento, Washington ya había declarado su intención de transferir tecnología nuclear estadounidense a Arabia Saudita, estableciendo al mismo tiempo un mecanismo bilateral especial de salvaguardias. El Acuerdo 123 no garantiza automáticamente el acceso de Arabia Saudita a materiales nucleares, instalaciones de enriquecimiento de uranio o tecnologías sensibles; los proyectos específicos requerirán licencias y aprobaciones separadas de los reguladores estadounidenses.

Un aspecto clave del acuerdo es que no exige que Riad renuncie al enriquecimiento de uranio ni al reprocesamiento de combustible nuclear gastado, a diferencia del "estándar de oro" aplicado en el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos en 2009, que incluyó una renuncia voluntaria a esas actividades. Tampoco se requiere que el reino se adhiera al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que amplía la capacidad de verificación de actividades nucleares no declaradas. Esta falta de restricciones ha generado preocupación, especialmente porque el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, declaró en 2018 que si Irán desarrolla armas nucleares, Arabia Saudita haría lo mismo "lo antes posible".

Para Estados Unidos, el acuerdo también responde a intereses económicos y geopolíticos: la industria nuclear estadounidense compite con Rusia, China y otros proveedores por contratos multimillonarios en el mercado saudí. Washington teme que condiciones demasiado estrictas empujen a Riad hacia Moscú o Pekín. Sin embargo, el acuerdo establece un precedente controvertido al permitir que un aliado desarrolle tecnologías que, en el caso de Irán, han sido consideradas como una vía potencial hacia armas nucleares. Esto podría debilitar el régimen de no proliferación y aumentar la desconfianza en Oriente Medio, donde otros países como Turquía y Egipto podrían buscar capacidades similares.

Aunque Arabia Saudita no tiene un objetivo inmediato de desarrollar armas nucleares, la creación de infraestructura de enriquecimiento de uranio podría permitirle, en teoría, producir material fisible para armas en el futuro si cambian las circunstancias regionales. La supervisión de Estados Unidos no elimina el riesgo de que el programa civil se reconvierta en militar, lo que plantea interrogantes sobre los dobles estándares en la política de no proliferación. Además, la posición de Israel, que se opone firmemente a que cualquier otro país de la región desarrolle capacidades de enriquecimiento, añade otra capa de complejidad a un escenario ya de por sí tenso.