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Detienen a presunto implicado en el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en Veracruz

La Jornada

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprehendieron en Veracruz a David Herrera Sánchez, El Choky y/o Chuky, de 34 años, quien probablemente está relacionado con la privación de la libertad y muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, colaborador de Notisur en febrero de 2014 en el municipio de Las Choapas, de esa misma entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó la aprehensión de David Herrera Sánchez, alias 'El Choky' o 'Chuky', de 34 años, en el estado de Veracruz. La detención se produjo en el marco de las investigaciones sobre la privación de la libertad y muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, colaborador de Notisur, ocurrida en febrero de 2014 en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Las autoridades federales señalaron que Herrera Sánchez es un probable implicado en el crimen, que conmocionó al gremio periodístico y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los comunicadores en México. El caso de Jiménez de la Cruz se enmarca en un contexto de violencia persistente contra la prensa en el país, donde los ataques a periodistas suelen quedar en la impunidad, dificultando la labor informativa y afectando la libertad de expresión.

La detención de 'El Choky' representa un avance significativo en una investigación que lleva casi una década abierta, destacando los esfuerzos recientes de las autoridades para esclarecer crímenes contra periodistas. Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil han subrayado la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar procesos judiciales transparentes para combatir efectivamente la impunidad en estos casos.

El operativo conjunto entre la FGR y la SSPC refleja la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, aunque persisten desafíos estructurales en la procuración de justicia, especialmente en delitos que involucran a actores poderosos. El desarrollo de este caso será clave para evaluar el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas.

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